Existe una perfecta analogía entre el Valle de los Caídos y el Alcázar de Toledo.
Tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática la mayoría de los medios de comunicación han publicado artículos y reportajes al respecto, y, en el caso de los locales y regionales, han añadido información referida a los efectos de la ley en su ámbito territorial. Aunque esta norma legal contiene 66 artículos, más 19 disposiciones adicionales, 2 transitorias, una derogatoria y 8 finales, lo cierto es que el interés mediático se ha centrado en aquello que se considera más llamativo o conflictivo, como las previsibles exhumaciones del fundador de la Falange del ya Valle de Cuelgamuros, o la de Queipo de Llano en Sevilla. Hay mucho contenido en la ley de interés para represaliados del franquismo, que quedaron fuera de anteriores medidas reparadoras, como quienes estuvieron en prisión por periodos inferiores a tres años, o quienes fueron torturados y quedaron con secuelas de por vida, también todo lo referente a la recuperación de documentos por parte de sus legítimos propietarios, sean estos partidos, sindicatos o ciudadanos particulares. También hay referencias a la pervivencia de símbolos franquistas, o la presencia en nuestro callejero de homenajes a la sublevación de 1936.
El título I de la ley dedica unos cuantos artículos a las víctimas del franquismo, con una redacción muy en consonancia con los tratados internacionales, de los que España es firmante, por lo que deberán de obtener reconocimiento y derecho a la justicia, no solo quienes sufrieron prisión o torturas, si no aquellos se vieron obligados al exilio, y, en particular los que acabaron sus días en el infierno de los campos de exterminio nazis, que no han sido nunca objeto de medida reparadora alguna en España, como tampoco lo han sido los homosexuales o lesbianas, a quienes se aplicó con dureza unas leyes represoras emanadas de la doctrina católica. El reconocimiento es tardío, pues la inmensa mayoría de quienes sufrieron prisión o exilio han fallecido, pero no por ello se debía de dejar de hacer. Es de esperar que la investigación de fosas y exhumaciones, de víctimas del franquismo, reciban un impulso a partir de ahora, sobre todo en provincias como Toledo, con el farolillo rojo en cuanto a actividad de asociaciones memorialistas, y, inexistente a este respecto por parte de las instituciones.
Actitud timorata
Un colectivo que también ha quedado siempre relegado, por la actitud timorata de los sucesivos gobiernos, ha sido la Unión Militar Democrática, una organización de militares profesionales, nacida a finales del franquismo para apoyar el proceso de transición y conseguir que la democracia y las libertades no se quedasen a la puerta de los cuarteles, como a la postre ha sucedido. Los miembros de esta organización, procesados y encarcelados algunos de ellos en los años 1975 y 1976, vieron truncadas sus carreras militares, sin que se les aplicase la Ley de Amnistía, toda una aberración jurídica esta exclusión. Precisamente uno de estos militares, el capitán Restituto Valero Ramos, había nacido en el Alcázar toledano en 1936, hijo de uno aquellos militares sublevados, lo que no deja de ser una de tantas paradojas que ocurrieron en nuestro pasado reciente. Fallecido Restituto en marzo de 2020, no podrá beneficiarse de las mediadas reparadoras de esta Ley, que también llega tarde para el resto de sus compañeros, pues todos fueron apartados de la carrera militar y tuvieron que ganarse la vida como pudieron, uno como piloto de vuelo comercial, otros como periodistas, informáticos y también como profesores.
Pero, tal y como indica el título de este artículo, de lo que quería y deseo escribir es de los efectos de la Ley en nuestra comunidad autónoma, y más en concreto en la capital de esta. En la jerga judicial se llama “extensión de efectos” a las consecuencias que tiene una sentencia, normalmente en la jurisdicción contencioso-administrativa, para personas físicas o jurídicas, que no habiendo sido parte en un procedimiento resultan beneficiados, por ser su caso idéntico al de aquel que ha ganado un pleito. Para que lo entienda cualquier lector, diremos que una sentencia que reconoce aun funcionario el derecho a un determinado ascenso le será también de aplicación a todos los que se encuentren en situación idéntica o similar; o el derecho a indemnización por negligencia de la administración, como fue el tristemente célebre escándalo de la colza o de los aceites envenenados. Por lo tanto, también será de aplicación para situaciones similares o análogas a otras que se mencionan de modo específico en la Ley. Por ejemplo, en su artículo 54, se habla de resignificar el Valle de los Caídos, que ya ha pasado a denominarse Valle de Cuelgamuros, y que se convertirá en lugar de memoria democrática, además de prohibir en ningún lugar del recinto “actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra, de sus protagonistas o de la Dictadura”. Por lo tanto, cualquier conjunto monumental franquista deberá ser resignificado, con iguales efectos.
No se puede dejar de aplicar la Ley, con las excusas peregrinas que hemos escuchado en estos días, cuando lo cierto es que existe perfecta analogía, entre el Valle de los Caídos y el Alcázar de Toledo a lo largo de los años. Vayamos por partes, y al origen de uno y otro conjunto monumental, y no a lo que era el Alcázar hasta 1936, una Academia militar de Infantería. Desde el primer momento el general Franco decidió que el derruido Alcázar no volvería a ser la sede de la enseñanza militar, y que debían de construirse unas nuevas instalaciones, más acordes con las necesidades de su ejército, en un nuevo emplazamiento. Otra decisión que tomó el “caudillo” fue dedicar el Alcázar reconstruido al recuerdo y exaltación de la sublevación militar, con un Museo del Asedio que recordase “la gesta de los defensores del Alcázar” y sirviera también para el enterramiento de cuantos allí habían estado encerrados, para perpetua memoria. Para las obras de reconstrucción, y también para la nueva Academia, fueron utilizados presos políticos, con la particularidad de que los primeros que trabajaron, en labores de desescombro, fueron posteriormente ejecutados sin juicio alguno.
Más de dos mil presos políticos
Se calcula que más de dos mil presos políticos republicanos trabajaron durante los años cuarenta, en la vieja y en la nueva academia, así como en los bloques de viviendas de la Avenida de la Reconquista, en este último caso bajo la dirección de Regiones Devastadas. Para quienes no conocen Toledo diremos que estas viviendas fueron adjudicadas en muchos casos a militares, y también a adeptos probados al régimen, llegándose a conocer los bloques por las categorías militares, el primero de jefes, el segundo de oficiales y así sucesivamente. Las condiciones del trabajo esclavo eran durísimas, tan duras como las de quienes estuvieron en el Valle de los Caídos, y esto es algo de lo que han quedado pruebas documentales suficientes, como la de la aplicación de la Ley de fugas para ejecuciones in situ, o en las inscripciones del Registro Civil, con reflejo de numerosas muertes debidas a las terribles condiciones de trabajo y alojamiento. Otra de las coincidencias con el Valle de los Caídos es la autoría del conjunto monumental, obra del escultor Juan de Avalos en los dos casos. Precisamente, en los exteriores del Alcázar, donde se alza “el ángel de la victoria” y el resto de las esculturas, cerca de la fachada que da al Este, es donde se produjeron centenares de ejecuciones, durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 1936, tras la “liberación de Toledo” por parte de las tropas de regulares, legión y, sobre todo, de mercenarios marroquíes. Los cadáveres de estos toledanos, muchos de ellos sin militancia política o sindical, fueron arrojados a la enorme fosa que se había formado tras la detonación de una de las cargas explosivas que las fuerzas sitiadoras colocaron en los aledaños de la fortaleza.
Otra de las circunstancias que hacen lugar de culto y peregrinación franquista al Alcázar es la iglesia-cripta que se construyó, a la altura del patio, para el descanso eterno de los defensores y sus familias, entre ellos el jefe de la sublevación en Toledo, coronel José Moscardó, y el entonces alumno, después general del 23-F, Jaime Milans del Bosch. Para los familiares de las victimas del franquismo la pervivencia de este cementerio y capilla particulares en un edificio oficial constituye una humillación permanente que no debería continuar, y menos si se produce una resignificación del edificio. Todos los años, se celebran en dependencias del Alcázar, actos de exaltación franquista y de homenaje a los sublevados de 1936, en torno al aniversario de la “liberación de Toledo”, aunque lo niegue el ministerio de Defensa y la propia ministra, Margarita Robles, con su peculiar procesión por el centro de Toledo, de la catedral al Alcázar y vuelta. Se argumenta, por parte de la dirección del Museo del Ejército, que no está abierta la capilla a los visitantes, y que solo la pueden visitar los familiares de los allí enterrados, como si ese privilegio de los descendientes de los sublevados fuera un argumento válido. Otra anomalía es la pervivencia de todo lo que era el Museo del Asedio, integrado en el actual Museo del Ejército, con el despacho intacto del coronel Moscardó, con una lectura de la historia que no se compadece ni con lo que realmente ocurrió, ni con la pedagogía en valores democráticos que se debe de hacer desde un museo de Historia.
Cambios de nombre
Más a nivel de calle, también es de aplicación la Ley para denominaciones de poblaciones que vieron cambiado su nombre, con el añadido de “el caudillo”, o como el caso de Numancia de la Sagra, antes Azaña, en homenaje al regimiento franquista que “liberó” este pueblo de la Sagra toledana. Por descontado que el colegio El Ángel del Alcázar, situado en el barrio de Santa Barbara, deberá de cambiar su nombre, por mucho que se opongan algunos patrióticos padres de alumnos. La mayoría de los pueblos de la provincia tienen en su callejero calles de homenaje a la sublevación, como las dedicadas a los “defensores del Alcázar de Toledo”, o a algunos protagonistas de la represión, como el célebre comandante Gabaldón o el gobernador Silvano Cirujano, o calles dedicadas a la División Azul, aquella unidad militar que combatió junto a los nazis alemanes.
Es de esperar que los ayuntamientos cumplan la Ley, sin que sean necesarias movilizaciones de colectivos afectados, en algunos casos con personas de avanzada edad, pues sería un acto de crueldad y de moral depravada hacerles volver a pasar por innumerables trámites administrativos, como es el caso de quienes esperan recuperar los restos de sus padres o abuelos, y que, jueces o alcaldes sin alma maltratan, al negarse a aplicar el sentido común y lo que mandatan las leyes y la Constitución. Damos por descontado que no habrá entusiasmo a la hora de aplicar la Ley, por parte del gobierno regional, y tampoco por parte de algunos ayuntamientos, pues no hemos leído o escuchado reacción alguna en estos días. Si que lo han hecho, unos más alto que otros, los coaligados del gobierno de Pedro Sánchez, como el coordinador regional de Podemos, o el de Izquierda Unida en declaraciones a este medio, en el sentido de pedir formalmente al gobierno la aplicación de la Ley en el Alcázar de Toledo. Estaremos pendientes de novedades.
Artículo original Isabelo Herreros https://www.elespanol.com/
