Las propiedades que tenía en el pueblo Cipriano de Rivas Cherif, cuñado del presidente de la República, fueron incautadas por Falange al estallar la Guerra Civil; hasta 1949, tras un arduo pleito, no regresaron a la familia.
A su alteza cherifana/señora de horca y de cuchillo/ que me invita a su castillo/de la estepa castellana».
Así comenzaban las socarronas rimas que un enamorado Manuel Azaña dirigía su futura esposa, María Dolores de Rivas Cherif, hermana de su íntimo amigo, Cipriano de Rivas, el primer director de escena español
en el sentido moderno.
Aquel castillo de la estepa castellana al que Azaña hacía referencia no era otro que el de la localidad vallisoletana de Villalba de los Alcores, propiedad de los Rivas desde mediados del siglo XIX, y al que solían invitarle todos
los veranos.
Ahora que se cumplen 50 años de la muerte de Cipriano (falleció en Méjico el 23 de diciembre de 1967), uno de los máximos renovadores del teatro español del primer tercio del siglo XX, no está de más rememorar la peripecia de sus propiedades en el pueblo vallisoletano.
Fue en 1860 cuando el abuelo de los Rivas Cherif, Cipriano de Rivas Díaz, secretario del sello privado de Isabel II, adquirió sus posesiones de Villalba a Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarin, a la sazón conde de Castilnovo, un príncipe extranjero pretendiente de la corona de España en 1869.
En el lote entraba la finca La Esperanza y también el castillo, además de la iglesia románica de Santa María y una casona próxima a la plaza, lugar éste de veraneo, desde 1890, del matrimonio formado por Mateo de
Rivas Cuadrillero y Susana Cherif, padres de María, Ramón,
Cipriano, Manuel, Dolores y Adela.
El futuro presidente de la República empezó a ser tratado como un miembro más de la familia Rivas a partir de 1921, a raíz de la trágica muerte de Ramón, que solo contaba 18 años (antes había muerto María, con apenas 13). Y poco tiempo después, en diferentes visitas a la casa de Villalba, comenzó a intimar con la «pequeña Lola», mientras su amigo Cipriano triunfaba en multitudinarias giras teatrales.
Fue en ese tiempo cuando Lola Rivas envío a Azaña, a través de su padre, una invitación escrita en verso que él respondió de igual manera, y que es la que encabeza estas líneas.
El futuro presidente de la República reconoce en sus memorias que dos años antes de formalizar su relación sentimental ya estaba enamorado de ella, pero que prefirió callar por miedo al fracaso, a la timidez de la joven y
a la enorme diferencia de edad que les separaba (ella era 24 años más joven que él), circunstancia esta última que incluso para la propia familia parecía un escollo insalvable.
Pero los vericuetos del corazón, o simplemente el azar, fueron más testarudos que los presagios, y en enero de 1929 El Norte de Castilla, como otros periódicos de la época, publicaba que «por los señores de Laguardia, y para su hermano el prestigioso escritor don Manuel Azaña, ha sido
pedida en Madrid la mano de la señorita María de los Dolores de Rivas Cherif, hija de don Mateo de Rivas Cuadrillero.
La boda se celebrará en el próximo mes de Febrero. Entre los novios se han cruzado valiosos regalos».
En efecto, Manuel y Lola formalizaron su matrimonio en la madrileña iglesia de Los Jerónimos el 27 de febrero de 1929.
Es muy probable que de las estancias en Villalba de los Alcores y en otros pueblos de la vieja Castilla nacieran los encendidos discursos azañistas que evocaban «la soledad de los campos y la pura belleza de las perspectivas de los ríos y la soledad de las villas» y elogiaban «los rasgos fundamentales del pueblo castellano en su democracia rural y en su civilización urbana ».
Y no es aventurado pensar qué algo tuvo que influir el presidente republicano en el merecido nombramiento del castillo de Villalba, en junio de 1931, como Monumento Nacional.
Sin embargo, la sublevación militar contra la República, que el 18 de julio de 1936 provocó la Guerra Civil, lo trastocó todo. Cipriano de Rivas Cherif, que durante la contienda ejerció como cónsul general en Ginebra, fue detenido por la Gestapo en el exilio francés (lo apresó el vallisoletano
Pedro Urraca Rendueles, captor asimismo de otros exiliados célebres como Julián Zugazagoitia, Joan Peiró o Lluís Companys) entregado al régimen de Franco en julio de 1940 y condenado a muerte.
Conmutada la pena capital, pasó seis años de cárceles y otro de sobresaltos en Madrid, antes de embarcar para Méjico en septiembre de 1947, donde moriría 20 años después.
¿Qué ocurrió entretanto con las propiedades que tenía su familia en Villalba de los Alcores?
Para comprenderlo hay que reparar en el Decreto 108 del «Nuevo Estado» franquista, de 13 de septiembre de 1936, que estipulaba la ilegalización de partidos y organizaciones del Frente Popular y permitía la incautación «de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecientes a los referidos partidos y agrupaciones, pasando todos ellos a propiedad estatal». Luego, un nuevo Decreto-Ley, fechado esta vez el 10 de enero de 1937, ampliaba las confiscaciones a los bienes de las personas que
integraron las sociedades o partidos del Frente Popular.
Para llevarlo a efecto se crearon las Comisiones de Incautación y unas Brigadas de Investigación que tenían por objeto recabar los bienes de todos los «elementos izquierdistas» de cada provincia. Previo informe de la Guardia Civil, el alcalde y otras autoridades instruían un expediente que luego era elevado por el Juez Instructor a la Comisión; ésta informaba
sobre la declaración de responsabilidad civil y daba parte al Comandante General, que fijaba la cuantía.
Incautación
Así ocurrió también en la localidad vallisoletana de Villalba de los Alcores, afectando de lleno a las propiedades de los Rivas: el 30 de octubre de 1936, un escrito del auditor dirigido al General Jefe de la 7ª División Orgánica notificaba la resolución, efectuada seis días antes, del «asunto que se refiere a María Dolores Rivas Cherif, esposa del llamado Presidente de la República Don Manuel Azaña, presunta propietaria de bienes inmuebles en el pueblo de Villalba de los Alcores, proponiendo a V.E. se practicara el embargo de dichos bienes por el Juzgado de Medina de Rioseco, como hechos que consideré comprendidos en el Decreto de 13 de septiembre último».
Consistían aquellos bienes en el castillo –del que entonces sólo era utilizable la bodega-, una huerta, una tierra de labor y una casa, pertenecientes todos ellos a los cuatro hermanos, Cipriano,
Dolores, Manuel y Adela. Según se desprende de los documentos del Gobierno Civil que custodia el Archivo Histórico Provincial, la incautación de dichos bienes los llevó a cabo la sección de Falange Española Tradicionalista y de las JONS de la localidad, liderada entonces por Mariano Valdés García, «por las actuaciones e ideología política de la familia».
Después de arrendar en pública subasta la huerta y tierra llamada del Conde por 825 pesetas anuales, la casa situada en la calle del Castillo fue destinada a comedor de Socorro Invierno –luego Auxilio Social-, jefatura de Falange y escuela para niños del pueblo.
En agosto de 1942, el Juzgado de Responsabilidades Políticas se hacía cargo de todo ello designando al efecto un administrador judicial, Lucio Salamanca de Vega, con el que, según el alcalde de entonces, Manuel Díez Moral, el Ayuntamiento convino de palabra el arrendamiento de un
local de la casa para destinarlo a Escuelas.
Este detalle es importante, porque en julio de 1947, cuando, previo pago
de 250 pesetas de multa, se dictamine la restitución a los Rivas de los bienes que les fueron incautados en 1936, el alcalde aducirá dicho contrato de arrendamiento no firmado, pero apalabrado, para negarse a devolverlos.
Por este motivo, a Cipriano no le quedó más remedio que emprender una
ardua batalla legal que duraría hasta 1949.
En efecto, aunque en agosto de 1947 la Sala de vacaciones de la Audiencia Provincial de Madrid proveyó que fuera oficiado el alcalde para efectuar la devolución, Díez Moral se negó aduciendo la vigencia del arrendamiento citado –había pagado, según su testimonio, 2.125 pesetas al administrador desde 1942-, así como la ausencia de otro local disponible para alojar
a las 50 niñas en edad escolar.
En ello siguió insistiendo cuando, acto seguido, la Audiencia ordenó al juez de primera instancia de Medina de Rioseco que requiriera a los ocupantes de la casa para que la dejaran sin excusas a libre disposición de sus
dueños, entregándola a José Federación Hernández Criado en representación de los Rivas.
Aunque Díez Moral, secundado en todo momento por el gobernador civil, Juan Alonso Villalobos, aseguraba haber llegado a un acuerdo con José
Federación para mantener arrendado el local destinado a Escuelas, debido a que los nuevos grupos escolares aún no se habían construido, en septiembre de 1948 Cipriano Rivas volvió a la carga, esta vez a través de su apoderado, José Valverde Piñal, abogado y secretario de la Audiencia de San Sebastián, quien hubo de escribir al mismísimo Ministerio de
la Gobernación para que se cumpliera lo ordenado por el juez.
Frente al argumento del alcalde de Villalba, que acusaba a los Rivas de pasar por encima de las necesidades educativas de los niños del pueblo, Cipriano decía saber que el Ayuntamiento ya disponía de otro local para tal menester, y que incluso el alcalde había arrendado una casita en el patio del castillo, también de su propiedad, a Guadalupe Villamediana, una
viuda del pueblo encargada de las labores de limpieza.
Meses más tarde, una vez resuelto el contencioso, la casa de los Rivas
y la fortaleza de Villalba, aneja a la misma, quedaron arrendadas a la familia de José Federación Hernández, que durante 60 años utilizó las bodegas del castillo como almacén de sus famosos quesos. Finalmente, en abril de 2011, después de dos años de litigio judicial, ambas regresaron a los Rivas en la persona de Enrique de Rivas Ibáñez, escritor, poeta, diplomático e hijo de Cipriano, que meses después anunciaba su intención de restaurar, en la medida de lo posible, el Monumento Nacional, en evidente estado de deterioro.
Artículo original de Enrique Berzal- Revista republicana “´Política”
