“Ciertamente hay que plantearse por qué un organismo público sigue poniendo trabas para investigar, da qué pensar”, señala Joaquín Iborra, investigador de la Asociación ‘Manuel Azaña’
La asociación talaverana ‘Manuel Azaña’ lleva más de un año intentando acceder a los datos del Registro Civil de Talavera de la Reina para conocer el número de personas enterradas en el cementerio de la localidad toledana, dentro de un proyecto de investigación sobre la represión vivida en la Ciudad de la Cerámica entre 1939 y 1947, en plena dictadura de Franco.
Se trata de una iniciativa subvencionada por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el trámite es “tan simple”, explica el investigador y miembro de la asociación Joaquín Iborra, como entrar en el Registro Civil y fotografiar los tomos que recogen la información para acceder a los datos “de manera científica”, asegura el investigador.
Sin embargo no ha sido posible hasta ahora. Y eso que la primera solicitud se registró en el organismo en el mes de julio de 2022. Fue el presidente de la asociación, Isabelo Herrero, quien realizó la primera petición para “fotografiar [en el] Registro Civil de Talavera los tomos correspondientes a los años 1936-1947 [de] libros de defunciones para estudio memorialista incluido en el Plan Cuatrienal de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática”, según consta en la solicitud.
“El Registro Civil no es nada privado, es público. Y la explicación que nos da la jueza es que tienen que poner a un funcionario o funcionaria para que vea lo que estamos fotografiando”, relata el investigador Joaquín Iborra.
La asociación resalta que “no necesitan a ningún funcionario” y hablan de “inconsistencia” en las razones ofrecidas por la jueza responsable del Registro Civil talaverano a la hora de denegar el acceso. El colectivo presentó un recurso de alzada y está preparando también un contencioso-administrativo.
“Ciertamente hay que plantearse por qué un registro público sigue poniendo trabas para investigar la represión franquista. Da qué pensar. También nos da qué pensar que el acceso a un registro público dependa de la decisión unilateral de una jueza”, afirma Iborra.
Las razones del Ministerio
Desde el Ministerio de Justicia explican, tras la consulta por parte de elDiarioclm.es, que “la solicitud que presentó esta asociación, y que se autorizó en su momento, fue para consultar los libros del Registro Civil de Toledo, para unas determinadas fechas, no para acceder a los libros de Talavera”.
Es por ello, señalan, que se denegó el acceso, y que la “cuestión” se encuentra en vía de recurso que se resolverá “en breve”.
“En noviembre tenemos que justificar el proyecto, pero sólo tenemos una parte de la documentación”, lamenta el investigador de la asociación talaverana. La denegación por parte de la jueza llegó el día 22 de septiembre de 2022, con las razones que se señalaban con anterioridad.
Entonces, la asociación presentó el recurso de alzada ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia el 20 de octubre de 2022, “sin contestación por parte del Ministerio”. La falta de respuesta se repitió el pasado 19 de junio, de este año, por lo que la asociación solicita un certificado de silencio administrativo “que nos permita seguir con otras vías jurídicas”.
En el documento que deniega la solicitud de la asociación, la jueza encargada del Registro Civil, señala que la consulta está limitada a “casos muy necesarios y concretos”, algo que señalan es la “doctrina fijada” por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En este sentido, explica que no se puede extender al examen “de cualquier libro” por la “libre decisión del consultante” y que también afecta al derecho a la intimidad, al honor y a la divinidad de las personas.
“Donde se establece que la autorización necesaria para la consulta o examen directo de los libros del registro civil es una posibilidad excepcional, que por razones preferentes del servicio ha de entenderse, limitada a la manifestación de un determinado asiento, pero no puede extenderse al examen de cualquier libro por la libre decisión del consultante”, señala el documento al que ha tenido acceso elDiarioclm.es
Por otro lado, desde el Registro Civil señalan que se trata de una “petición masiva” que no puede cumplirse con las exigencias de no “generar dificultades y perturbaciones” al servicio ordinario del registro civil, que, además, señalan que se encuentra “sobrecargado y saturado” en la atención al público. “Asimismo, la autorización emitida se refiere al registro civil de Toledo, no el de esta ciudad, y respecto a los años 1936 y 1944. No existe concordancia entre el objeto de autorización y el objeto de la solicitud”, concluye el documento.
Desde la asociación insisten en la “inconsistente excusa de que la consulta de libros de defunciones de investigadores con acreditada experiencia en archivos históricos podría generar dificultades al servicio ordinario del Registro civil” y sostienen que “no puede ser una razón para negar el acceso a un registro que es público”, según alegaron en el recurso de alzada presentado el 20 de octubre de 2022.
El proyecto en el que trabaja la asociación
La asociación Manuel Azaña trabaja en Talavera en un gran proyecto, cuya primera fase es la de documentación y que no pueden llevar a cabo sin poder acceder al Registro Civil. Se trata de la primera investigación sobre la fosa común que se puede encontrar en el Cementerio Municipal de Talavera. Ya han llevado a cabo un proyecto similar en Toledo y en este caso han recibido una subvención de 8.000 euros. También han trabajado en este mismo sentido en la fosa común de la localidad de Tembleque. En el caso de Talavera de la Reina, han declarado que no hay siquiera “datos aproximados” sobre el número de personas enterradas en el lugar.
La idea es por lo menos tener una aproximación en torno a la fosa común. La excepción es el caso del sindicalista Enrique Horcajuelo, cuya familia luchó años para poder exhumar sus restos y que consiguieron ejecutar en 2018. Desde la Asociación Manuel Azaña advierten también de que la cárcel en la localidad tuvo gran importancia y funcionó durante varios años en la posguerra. De hecho, la Casa de Hilanza de la Real Fábrica de Seda fue el “único campo de concentración de larga duración” de la región, según señala el proyecto de Memoria Democrática de Castilla-La Mancha.
Estos mismos datos señalan que desde junio de 1937 hasta abril de 1939, mantuvo una media de 500 prisioneros; concluido el conflicto, superó los 2.300 prisioneros, al absorber “tanto grandes masas de soldados republicanos como los prisioneros recluidos en la Casa de labranza de Valdehigueras”, a 3 kilómetros de la ciudad de la Cerámica. Tras la guerra, el campo de concentración de la Seda pasó a ser prisión, encontrándose en 1940 más de 2.000 prisioneros.
Artículo original Francisca Bravo https://www.eldiario.es/
