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Vicios privados, borbónicas virtudes

El periodista y escritor que durante años dirigió Izquierda Republicana, el partido fundado por Manuel Azaña, Isabelo Herreros, traza un implacable retrato crítico del reinado del hoy emérito Juan Carlos I, de la institución monárquica y de los medios, políticos y empresarios que, en su opinión, durante décadas encubrieron sus abusos y le jalearon «por el bien de España».

Aprovechando que la mayor parte de la población se encontraba ya confinada en su casa por la pandemia, y porque no quedaba otro remedio, la Casa de S. M. el rey emitió un comunicado el pasado 15 de marzo sin explicar bien cuál era la causa de la causa que origina el mal causado, valga el trabalenguas jurídico.

La urgencia era que había que achicar agua ante la publicación de escándalos financieros de Juan Carlos de Borbón, tanto en la prensa suiza como en la británica.

Por su parte, la prensa española no ha tenido más remedio que hacerse eco y algunos medios digitales independientes incluso han realizado exhaustivos reportajes en torno a este último episodio de la generosidad del emérito para con su última amante, Corinna Larsen.

En este caso se ha conocido la existencia de una trama de cuentas y fundaciones, además de regalos millonarios a antiguas novias; el más sustancioso de los cuales, el realizado a la presunta empresaria y dama de compañía Corinna Larsen por importe de 65 millones de euros, procedentes a su vez de un regalo de 100 millones, realizado en 2008 a Juan Carlos I por el entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz.

En fechas recientes, también el diario británico The Telegraph daba detalles de uno de los asuntos que dolió en su día al mundo bancario londinense, el fiasco de la venta del Banco Zaragozano al Barclays, en 2003, que tenía un agujero inasumible, y que había sido ocultado por los vendedores, los Albertos, con la complicidad de las autoridades españolas.

En aquel negocio, el testaferro del rey, Jaime de Orleans, recibió 50 millones de euros, por ejercer de mediador. Con el comunicado, la Casa Real ha intentado marcar distancias con Juan Carlos de Borbón, tal y como también hizo en su día con la infanta Cristina, pero todo ha sido muy burdo y trapacero, pues no se puede renunciar a una herencia hasta que se produce la muerte del causante.

Tampoco se ha explicado por qué se ha ocultado durante un año la comunicación de Corinna Larsen, relativa a la presencia de Felipe VI en fundaciones y fondos millonarios.

Se ha creado un gran malestar hacia la monarquía, en unos momentos en los que la ciudadanía sufre y teme por su futuro y el de sus familiares.

De otra parte, al apuntarse como origen las comisiones recibidas, con ocasión de la construcción por empresas españolas del AVE a la Meca, también se ha señalado la proximidad y amistad del actual monarca con algunos empresarios que tienen intereses en esta operación, como es el caso del «compi yogui», Javier López Madrid, condenado por las tarjetas black de Caja Madrid e involucrado en unos cuantos asuntos más, como el caso Lezo.

La Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas unas diligencias que no sabemos hasta dónde llegarán, vistas experiencias anteriores y, sobre todo, el aforamiento e inmunidad de que disfruta el rey emérito.

Según expertos consultados, solo el ocultamiento de bienes y fondos y la defraudación a Hacienda podrían ser perseguidos en España, por no haber prescrito ni alcanzar la actual inmunidad.

Dada la maraña de testaferros, es muy posible que no se investigue uno de los asuntos en los que estuvo implicada la pareja Juan Carlos-Corinna: el Fondo de Infraestructuras Hispano-Saudí, una sociedad a la que veinte empresarios españoles con intereses en Arabia Saudí aportaron importantes cantidades en millones de euros, fundada en 2006, con la finalidad de coordinar sus actividades y negocios, con la amiga del rey como gestora o consultora.

Fue con dinero de este fondo con el que la feliz pareja compró en 2009 un dúplex de lujo de 300 metros en los Alpes suizos, si bien se escrituró a nombre de la novia y de la madre de esta, por las limitaciones que las leyes suizas imponen a los inversores extranjeros en propiedades inmobiliarias.

En su día, para dar mayor credibilidad a la sociedad, se hizo una presentación pública de la misma en el Palacio del Pardo, con presencia del rey Abdalá y del propio Juan Carlos de Borbón. Tiempo después, ante la inactividad del fondo, los empresarios pidieron su dinero, pero se les contestó que se había gastado todo en las gestiones y papeleo de constitución de la sociedad.

En total perdieron los empresarios 21 millones de euros, que no se atrevieron a reclamar judicialmente, precisamente por la presencia de la Casa Real en la operación. Lo cierto es que el dúplex fue habitado por la pareja durante el tiempo del idilio, y finalmente fue vendido por Corinna en una cantidad equivalente a 4,6 millones de euros.

Es posible que alguno de los entusiastas defensores de la actual monarquía española, instaurada por el general Franco, haya leído o conozca por referencias la obra de Bernard Mandeville, La fábula de las abejas: o vicios privados, públicos beneficios, también conocida como Vicios privados, publicas virtudes, publicada en la Inglaterra de 1714, por este escritor que se ganaba la vida como médico y psiquiatra.

Mandeville está considerado también filósofo y economista, y en él se han querido inspirar algunos de los teóricos del capitalismo del siglo XX, para llevar agua a su molino, e interpretar que lo que quería decir el filósofo era que las barbaridades y caprichos de los ricos benefician a los pobres, y que el altruismo, por el contrario, puede ser negativo.

El escritor ponía como ejemplo en la fábula a un rico libertino, de moral distraída en sus negocios, y que con «su prodigalidad —bacanales y orgías—, da trabajo a los sastres, servidores, perfumistas, cocineros y mujeres de mala vida, quienes a su vez dan trabajo a panaderos, carpinteros, etcétera». Así pues, la rapacidad y la violencia del libertino benefician a la sociedad en general.

Algo parecido a lo anterior podría pensarse al repasar ahora alguna de las crónicas amables de los días de vino y rosas de los Borbones, en aquellos veranos de Palma de Mallorca de los años noventa y primeros del presente siglo, y que tuvo su momento cumbre de compadreo con la corrupción en el célebre acontecimiento del yate Fortuna, un regalo de unos veinte millones de euros, pagado por empresarios y también por el Gobierno regional de Jaume Matas.

A la lista de «donantes», todos apellidos ilustres de las islas, desde Sol-Melía, Fluxà, Matutes y los Riu, hasta Piñero y Pedro Serra, también se sumaron, para no ser menos, la Banca March, Crédito Balear, Sa Nostra y La Caixa, que incluso para facilitar las cosas a algunos amigos asumieron donativos, con pagarés a diez años.

Por su parte la Administración compensó el «gesto altruista» —como si de donativos para un terremoto se tratase— con desgravaciones para las declaraciones fiscales de los rumbosos empresarios.

En paralelo, importantes recursos económicos se utilizaban para tener contentas al menos a dos de las amantes del rey, Marta Gayà y Bárbara Rey, sin contar ahora el escándalo de la utilización del CNI para borrar huellas y encontrar grabaciones de los eróticos encuentros.

La envilecida prensa, la rosa y la seria, publicaba reportajes donde elogiaban la hospitalidad de los reyes —siempre a costa del erario público— con las lujosas fiestas que se daban en sus palacios, así como la destreza y habilidades de toda la familia con los deportes náuticos.

Una buena parte de aquella corte de verano dio con sus huesos en la cárcel años más tarde. Si Franco ganaba todos los veranos, con su caña, el campeonato del salmón en Asturias, Juan Carlos ahora ganaba con su regata todos los campeonatos que se pusieran por delante.

Para acallar críticas, muy moderadas todas, el entonces rey decidió, aconsejado por sus asesores, «donar» el yate Fortuna a Patrimonio Nacional, esa misma empresa que gestiona el Valle de los Caídos, con lo cual el negocio fue redondo, pues se ahorró la molestia de tener que destinar de su peculio unos cuantos miles de euros al pago del mantenimiento, el amarre en puerto y los sueldos de mecánicos y operarios. Incluso se permitieron los cortesanos de turno decir que el yate nos lo había regalado a todos los españoles.

A pesar de lo descarado de la maniobra, los aplausos y babas en la alberca nacional fueron apoteósicos. Ya se había conseguido superar, también con aplausos, la etapa de «las amistades peligrosas del rey», que tuvo lugar a comienzos de los noventa, en un contexto de corrupción generalizada, aprovechado por Aznar para socavar al PSOE y acceder a la Moncloa, lo que consiguió en marzo de 1996, tras el último episodio de traca, cual fue la persecución y entrega del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán, mediante la trama sórdida del espía Francisco Paesa.

El caso KIO, sobradamente conocido, fue el más relevante del entorno del rey, con la primera guerra del Golfo como fondo, y se llevó por delante a Javier de la Rosa y al muy fiel administrador del rey, Manuel de Prado y Colón de Carvajal, que actuó muchos años como ministro de comercio paralelo en todas las transacciones petroleras, con la finalidad de asegurar que la comisión por barril, pactada en 1977 con varios países, incluido, por supuesto, Arabia Saudí, llegaba a su destino.

Esta tropelía, que es la que ha hecho multimillonario a Juan Carlos de Borbón, se convirtió en «la fraternal amistad con la Casa Real saudí», que había que aplaudir por los beneficios que para España tenía.

Lo anterior es una pequeña muestra de lo que ha sido el reinado del hoy rey emérito, aforado por la gracia de Mariano Rajoy y por el empeño que puso en ello Felipe González, convertido desde hace años en una suerte de guardián de las esencias monárquicas, y celoso albacea de unos cuantos secretos de Estado que afectan a la corona.

Durante muchos años se mantuvo el tabú de la monarquía en los medios de comunicación, con vigilancia extrema de la dirección, para evitar cualquier contratiempo.

Si la llegada al Gobierno, en 1982, del Partido Socialista sirvió para consolidar de nuevo en la jefatura del Estado a la dinastía de los Borbones, contra los que históricamente había luchado el partido fundado por Pablo Iglesias, en el ámbito de los medios de comunicación fue El País, un diario de nuevo cuño fundado con presunta vitola progresista, quien cumplió con ese papel y se erigió en defensor a ultranza de Juan Carlos de Borbón, a quien se llegó a adjudicar el título de «motor del cambio».

La lista de los escándalos de corrupción en los que ha estado implicado Juan Carlos de Borbón sería interminable, tan larga como la relación de cuentas y bienes de todo tipo que tiene fuera de España, como la herencia de su padre, todo muy lejos de la Agencia Tributaria.

Los otros escándalos, los de su vida privada, han costado muy caros al erario público, con la particularidad de que han tenido que ser sufragados en muchos casos con fondos reservados, además del coste de los servicios de inteligencia y escoltas que han tenido que ser movilizados para cada ocasión.

Pero como bien sabe Felipe González, siempre ha habido un gabinete de crisis, con intervención del jefe o del secretario de la Casa Real, algún que otro periodista notable de confianza, un par de juristas y el presidente de gobierno de turno dispuestos a convertir un presunto delito, que debería de ser investigado por la Fiscalía y la judicatura, en una más de las hazañas y sacrificios que por España ha hecho este digno sucesor de Alfonso XIII.

A fin de cuentas, dice el refrán que «el que a los suyos se parece honra merece». Si en el escándalo andaba por medio un testaferro, pues se le llamaba a capítulo y se le decía con educación que, «por España», se tiene que comer el marrón, y así ha sido en múltiples ocasiones, como fueron los casos de Mario Conde, Javier de la Rosa, Manuel de Prado, Jaume Matas o el último primo, mejor dicho, yerno, Iñaki Urdangarin.

Principio requieren las cosas, y el de este truhán presunto tuvo lugar allá por el año 1975, cuando, según dicen los papeles desclasificados el pasado año en EEUU, Juan Carlos de Borbón aprovechó su interinidad como jefe de Estado, con Franco agonizante, para negociar con Marruecos la entrega del Sáhara sin conocimiento del gobierno.

Para esta misión diplomática envió a Manuel de Prado a Washington a hablar con Kissinger, pues era el gobierno de Gerald Ford el principal valedor de la pretensión anexionista de Hassan II con su Marcha Verde.

Según estos papeles —que contienen informes de la embajada estadounidense en Madrid—, donde relatan encuentros con el entonces príncipe, este les suministraba documentación confidencial del Gobierno de España.

La entrega del Sáhara a Marruecos, apoyada también por Arabia Saudí, le valió el apoyo de EEUU en su primera andadura como rey, además de consolidar una gran amistad con el sátrapa alauita, al punto de llamarse entre sí hermanos, si bien hubo asuntos más prosaicos, como importantes regalos, incluida la finca de la que hablaba Corinna en la grabación que le hizo el comisario Villarejo, hoy en situación de prisión incondicional, no vaya a ser que en situación de libertad pueda revelar algún escándalo que salpique más aún a la Casa Real.

En cualquier país europeo las relaciones tan estrechas del rey con salvajes dictadores, y sus suculentos beneficios, habrían sido investigadas, pero en España llevamos cuarenta años aplaudiendo, pues se ha repetido hasta la saciedad que esas amistades han sido buenas para España, ahora sabemos qué querían decir y a quién ha beneficiado tan peculiares relaciones.

El segundo episodio de nuestro «motor del cambio» fue el 23-F, o golpe palaciego que había alentado y preparado con su amigo y preceptor, el general Alfonso Armada.

Hoy se conoce bien qué papel tuvo el rey en aquel lamentable episodio, que fue aprovechado, una vez fracasado el golpe, para consolidar a Juan Carlos en el trono, y realizar una de las mayores campañas de propaganda, sostenida en el tiempo, del gran héroe que salvó la democracia. Es decir: una felonía más convertida en gran servicio a España.

La larga lista de tropelías privadas, convertidas en públicas virtudes, será sin duda objeto de estudio en el futuro en escuelas de negocios y también en facultades de comunicación, para analizar cómo fue posible tal envilecimiento en una democracia, por parte de los medios de comunicación, durante tantos años.

Si todos los Borbones, antecesores de Felipe VI en el trono, o bien comenzaron su reinado con un golpe de Estado o acabaron en el exilio, parece que Juan Carlos puede cumplir incluso las dos premisas, lo empezó como consecuencia del golpe de Estado de 1936, tras el paréntesis del general Franco, y, todo apunta a que acabará en el exilio.

La pregonada estabilidad y continuidad de la nación, que no ha sido verdad nunca, puede dar al traste con este atribulado sucesor, que difícilmente podrá distanciarse de sus mayores.

Artículo escrito por Isabelo Herreros en Revista Mongolia.

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